El Tribunal Superior de Justicia avanza hacia la puesta en funcionamiento de la Oficina de Violencia para la zona Oeste de la ciudad. Mediante Acuerdo del Cuerpo, los vocales definieron el llamado a los concursos de oposición y antecedentes para cubrir la planta funcional y, en simultaneo, iniciar la búsqueda de un edificio adecuado -por ubicación y características técnicas- que permita dar respuesta a los requerimientos.
La Oficina de Violencia para ese sector de la ciudad fue creada por acuerdo 5498, a partir de un incremento en las denuncias enmarcadas en las leyes 2785, 2876 y 2302 (violencia familiar, violencia contra la mujer y derechos de niños, niñas y adolescentes).

Un informe elaborado por la Subsecretaría de Planificación reveló que un 30% de las denuncias por violencia son radicadas por personas que viven en ese sector de la ciudad y que deben trasladarse a oficinas céntricas para poder avanzar con los trámites. Sobre esa base de ese informe, la vocal María Soledad Gennari, como titular de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, presentó los datos ante el Tribunal, que mediante Acuerdo 5585 (punto 18) resolvió avanzar en el alquiler del inmueble y en el llamado a concurso para cubrir dos cargos de operador jurídico y otros dos cargos de psicólogo. Para el área administrativa también se asignarán dos puestos, que surgirán del orden de mérito del concurso para auxiliares administrativos realizado el año pasado.

Gennari planteó que la implementación de la Oficina de Violencia en la zona oeste de la ciudad permitirá “prestar el servicio especializado en la materia y disponer de un acceso rápido y adecuado a los servicios de justicia, allanando graves dificultades geográficas y económicas detectadas”. Agregó que el nuevo organismo permitirá dar respuesta a “un sector de la población de la ciudad con marcados índices de vulnerabilidad”, pero también  fortalecerá “el servicio prestado en la Oficina actualmente en funcionamiento en calle Leloir".
La puesta en funcionamiento de una nueva Oficina de Violencia es una política pública judicial que da cumplimiento con lo dispuesto por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica). La necesidad de implementar acciones concretas contra la violencia y discriminación que padecen las mujeres por cuestiones relacionadas con el género está contemplada en otros instrumentos de derechos humanos relevantes, como el Protocolo Facultativo de la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención Belem Do Para- (ley nacional N° 26485 y provincial N° 2786) y Plataforma de Beijing de 1995, entre otros.