En una audiencia realizada en el día de hoy, el juez Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública contra Abel Di Luca y Germán Chapino en la causa en la que se investiga el desvío de fondos destinados a capacitación de personas en situación de vulnerabilidad para su inserción en el mundo laboral. (LEG 324246)

La causa se inició a partir de una denuncia de la Fiscalía de Estado en el año 2024 a partir de la cual la Fiscalía de Delitos Económicos inició su investigación, acusando a comienzos de 2025 a seis referentes de organizaciones sociales como partícipes de una maniobra de desvío de fondos destinados a capacitación laboral a través de la Cooperativa Viento Sur.

Abel Di Luca fue acusado por su participación como Ministro de Desarrollo Social entre julio y octubre de 2022, período en el que se transfirieron fondos a dicha cooperativa por una suma cercana a los noventa y seis millones de pesos, mientras que Germán Chapino fue acusado, también por participar como ministro entre noviembre de 2022 hasta diciembre de 2023,  periodo durante el cual se transfirieron fondos por más de mil cien millones de pesos. Según la teoría de la fiscalía,  la defraudación al Estado Provincial supera los mil doscientos millones de pesos y los fondos recibidos por la cooperativa se destinaron al pago de “sueldos” de centenares de beneficiarios, y a la compra de tres vehículos, dos terrenos, algunos plazos fijos y una construcción edilicia.

Pese a la oposición de los defensores, el juez de garantías consideró que su rol como ministros los coloca en un lugar de responsabilidad por la correcta administración y utilización de los fondos públicos, y que para esta instancia inicial del proceso, la parte acusadora pudo relatar con suficiente solidez los hechos por los que se los acusa como para tener por formulados los cargos. También, a pedido de la Fiscalía de Estado y con acuerdo de la Fiscalía, se dictó la inhibición general de bienes de ambos, tanto en el Registro de la Propiedad y el Inmueble como en el Registro Automotor.

De esta manera cinco personas quedaron imputadas como coautores y tres personas como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El plazo de la investigación finaliza el 8 de abril.