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El Poder Judicial sumó un nuevo punto de atención en el Polo Integral de Mujeres y Diversidad 

21 de abril de 2026

La Red de Justicia y Acceso Comunitario del Poder Judicial de Neuquén contará con un nuevo punto de atención en el Polo Integral de Mujeres y Diversidad, inaugurado este mediodía en el barrio Almafuerte de la ciudad de Neuquén. 

La iniciativa se inscribe en la política de descentralización del servicio de justicia y apunta a fortalecer el trabajo articulado con el Poder Ejecutivo en la prevención, protección y resguardo de mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, familiar y delitos contra la integridad física y sexual.

El espacio se constituye como dispositivo de acceso unificado donde se realizará la admisión, primera escucha, evaluación inicial de riesgo y orientación de las personas en situación de violencia. A partir de ese ingreso, se organiza un circuito diferenciado y complementario entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con el objetivo central de evitar la revictimización, reduciendo la multiplicidad de entrevistas, y garantizar mayor celeridad en la intervención y en la toma de decisiones judiciales.

La intervención judicial comprende la judicialización de la situación y la proyección de medidas cautelares, firmadas por jueza o juez competente. Incluye también la intervención del Equipo Interdisciplinario del Poder Judicial conforme al artículo 24 de la Ley 2785, y el monitoreo conjunto con la Oficina de Violencia en los casos de mayor riesgo.

El Polo, ubicado en la calle Guillermo Tévez 6525, entre Juan Gelman y Osvaldo Soriano, funcionará con una guardia de 24 horas y contará con un refugio con capacidad para 70 personas, además de áreas destinadas a capacitaciones, comedor, salón de usos múltiples y huerta.

Evelyn Saavedra, funcionaria de la Red de Justicia y Acceso Comunitario, destacó que se trata de “una política pública que se venía diseñando hace muchos meses conjuntamente entre los dos poderes”. 

“Pensamos que este dispositivo trae herramientas a la comunidad como información, asistencia y gestión para que la capacidad de las personas no tenga que ser la garantía para el acceso a derechos sino la política pública como Estado”, añadió.