A raíz de una situación persistente de hostigamiento sufrido por una alumna de 11 años en la escuela a la que asiste, un fallo judicial solicitó la intervención del Ministerio de Educación y requirió al establecimiento que se tomen medidas de protección urgentes que garanticen un entorno escolar seguro. La resolución de la jueza de Familia de la IV Circunscripción, Eliana Fortbetil, se dio en el marco de la internación involuntaria de la niña por conductas autolesivas severas e ideación suicida.

La solicitud subrayó la necesidad de que intervengan equipos técnicos especializados en convivencia escolar, dadas “las agresiones verbales reiteradas sufridas por parte de pares y  centradas en su apariencia física”. 

La magistrada también instó al Ministerio de Salud provincial para que un profesional en psiquiatría con especialización infantojuvenil efectúe una evaluación de la niña que sufre “angustia significativa, retraimiento, desgano y afectación emocional persistente”. Así lo informaron los profesionales que la trataron durante su internación, única alternativa terapéutica viable ante el riesgo cierto e inminente, explicó la jueza. 

En el mismo sentido, pidió al colegio que informe sobre las acciones ya realizadas y las que se implementarán, y que se dé una respuesta inmediata a la solicitud de cambio de turno realizada por la alumna, la cual no tuvo respuesta institucional. 

En la resolución judicial se definió como evidente la “insuficiente intervención del ámbito educativo frente a una situación de violencia escolar, agravando el cuadro y contribuyendo a la cronificación del malestar”, y se ordenó el diseño de un plan institucional de abordaje de la conflictividad. 

La escuela deberá, asimismo, implementar prácticas restaurativas con los estudiantes involucrados, con intervención de profesionales, orientadas a “visibilizar el daño causado, promover la responsabilización activa, generar instancias de reparación simbólica y/o concreta, reconstruir el clima de convivencia escolar”. 

Fortbetil hizo hincapié en la “naturalización de las conductas autolesivas” en un “contexto que no sólo no previene, sino que podría estar favoreciendo dinámicas de riesgo entre pares”. Y añadió que “los indicadores relevados configuran un cuadro de extrema vulnerabilidad que exige una intervención urgente, integral y coordinada”.

En ese marco, la magistrada recordó que el derecho a la vida, a la salud mental y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes se encuentra garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 y que el sistema educativo tiene una responsabilidad central en la prevención y abordaje de estas situaciones. 

“La situación informada pone en evidencia una falla en los mecanismos de detección temprana e intervención institucional, lo cual impone la adopción de medidas urgentes no sólo de protección individual, sino también de reparación del entramado vincular dañado”, sostuvo.