En agosto de este año el Tribunal de Impugnación resolvió que los condenados por defraudación en la causa por la estafa con planes sociales debían ser declarados responsables, también, por el delito de asociación ilícita por lo que debía realizarse una nueva audiencia para determinar la pena en base a la nueva calificación.

En base a esta resolución, las defensas de los imputados presentaron diversos recursos de impugnación ante el TSJ y solicitaron que otro tribunal de impugnación revise esa decisión. Considerando que con la presentación de estos recursos la resolución de impugnación no se encontraba firme, solicitaron ante un juez de garantías que se suspenda la audiencia de cesura hasta tanto se resuelvan los recursos presentados.

Qué resolvió el juez

El día de hoy, el juez de garantías Juan Pablo Encina, no hizo lugar al pedido de las defensas, rechazó el pedido de suspensión de los plazos y dio 10 días para que las partes ofrezcan su prueba para llevar adelante la audiencia de determinación de la pena en base a la nueva calificación legal de asociación ilícita.

En su resolución explicó que el art. 23 del Código Procesal es claro al determinar que la instancia de impugnación debe realizarse luego de la imposición de la pena, que es la segunda etapa del mismo juicio. De este modo se pueden impugnar de una manera integral todos los planteos. “La realización de la cesura no elimina, no reduce ni retrasa la revisión horizontal; por el contrario, resulta más efectivo y eficiente realizar una sola impugnación integrando todos los aspectos que las defensas consideren, incluyendo la condena” sostuvo el juez.

Audiencia de determianción de la pena

Por último el juez ordenó a la Oficina Judicial a fijar la audiencia para la determinación de la pena, una vez finalizado el plazo de 10 días dispuesto para el ofrecimiento de pruebas.

Algunos de los defensores solicitaron la impugnación de esta resolución y todos hicieron reserva para que se considere a futuro el caso para una Impugnación Extraordinaria Federal.