Plan para fortalecer la respuesta judicial frente al narcomenudeo
El Poder Judicial de Neuquén y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) impulsan el “Proyecto para el fortalecimiento de la respuesta judicial frente a los mercados ilegales de drogas en la Provincia de Neuquén”.
Se realizó en el Salón de Acuerdos de Alberdi 52, una reunión para seguir avanzando en el Proyecto de la que participaron el Presidente del TSJ, Gustavo, Mazieres; La Vocal María Soledad Gennari; el Coordinador del Proyectos de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, Ignacio García Sigman y el Ministro de Seguridad Matías Nicolini.
El 28 de febrero de 2025 entró en vigencia la Ley Nº 3.488, por la cual Neuquén adhirió a la legislación nacional y comenzó a perseguir penalmente los delitos vinculados con el narcomenudeo. Esto amplió las responsabilidades de las instituciones provinciales. A ese desafío se suma la transformación de los mercados ilegales, con una oferta creciente de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.
Uno de los ejes del proyecto es el laboratorio forense que analiza las drogas secuestradas, que depende del Tribunal Superior de Justicia. Está previsto realizar un diagnóstico técnico de sus capacidades, elaborar una hoja de ruta para su fortalecimiento y capacitar a su personal en la identificación de sustancias emergentes.
El objetivo es que los resultados de laboratorio no queden en un análisis aislado. La idea es convertirlos en conocimiento útil para fiscales y jueces mediante herramientas de “inteligencia forense”. Estas herramientas permiten detectar patrones entre incautaciones, cambios en la composición de las sustancias y vínculos entre casos.
Un sistema de alerta temprana
El componente de mayor inversión es la creación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) dentro del Poder Judicial. Este mecanismo permitiría detectar, evaluar y comunicar a tiempo los riesgos asociados con drogas emergentes. Contaría con protocolos propios, un ejercicio de simulación y una fase piloto de doce meses, con articulación con organismos provinciales y nacionales.
Diálogo judicial y análisis criminal
El proyecto también contempla un ciclo de cuatro mesas de diálogo para magistrados, con la participación de expositores internacionales de alto nivel. Se abordarían cuestiones jurídicas, probatorias y de política criminal, con pleno respeto de la
independencia judicial y sin referencia a causas en trámite. Además, se capacitaría a funcionarios en análisis criminal, con una guía práctica y una instancia de mentoría técnica.