A partir de un pedido de habeas corpus presentado por diez condenados que se encuentran detenidos en la comisaría Nro 7, la jueza de ejecución Raquel Gass ordenó que el Ministerio de Seguridad presente en el término de 10 días un informe sobre los motivos por los cuales aún no ha ingresado ningún detenido al pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención nro. 11 inaugurado a principios de diciembre de 2025.

El reclamo de los condenados en la comisaría se refiere a la situación de hacinamiento en la que se encuentran, sin la posibilidad de acceder a dispositivos educativos que faciliten su reinserción social. Varios de ellos deben dormir en el piso y sin posibilidad de salir al patio, como sí ocurre en las unidades de detención.  Ante el anuncio por parte de personal de la comisaría de que ingresarían nuevos detenidos presentaron la acción solicitando el traslado a una Unidad de Detención.

La jueza de ejecución, entendiendo que si se habilita hoy el aumento del cupo carcelario para alojar a 10 detenidos de una comisaría, en los próximos días desde las otras comisarías -donde la situación es igual, o incluso peor-, estarían realizando el mismo reclamo, por lo que resolvió en primer lugar prohibir el ingreso de nuevos condenados a la comisaría Nro 7, y solicitó a la fiscalía de Estado que en el término de 5 días presente un informe donde detalle qué puntos se cumplieron del acuerdo suscripto ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo en marzo de 2025.

Por otra parte ordenó al Ministerio de Seguridad que en el término de 10 días presente un informe explicando los motivos por los cuales luego de sancionada la ley de emergencia carcelaria en 2024 que habilitaba recursos extraordinarios para solucionar la crisis en la que se encuentra la provincia en esta materia, todavía no se ha podido solucionar el déficit de alojamiento de las unidades de detención y ordenó que en 30 días hábiles se encuentre cubierta a pleno la capacidad del pabellón de máxima seguridad inaugurado el año pasado y que aún se encuentra vacío. “como ciudadano uno entiende que cuando se inaugura algo es porque ya se puede utilizar, pero pasaron 4 meses desde la inauguración y todavía sigue cerrado” expresó la jueza.

La fiscalía de Estado solicitó revisión de la medida y explicó que aún no se ha podido finalizar la obra por falta de habilitación por parte de la empresa de gas Camuzzi, por lo que la jueza requirió a los representantes de la Fiscalía de Estado que se solicite a Camuzzi los motivos por los cuales la empresa no podría habilitar dentro de los próximos 30 días hábiles la obra de gas de ese pabellón y tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa que en caso de no cumplimiento de estas resoluciones tomen las medidas necesarias.