La empleada era la encargada de recepcionar y resguardar las tarjetas de débito de adolescentes internados en un hogar para jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social dependiente de la provincia de Neuquén.

Sin autorización realizó 18 transferencias de dinero por más de 3 millones de pesos de la cuenta del BPN del joven internado a su cuenta de una billetera electrónica.

El juez de garantías Juan Guaita tuvo por formulado los cargos por los delitos de defraudación especial por el uso no autorizado de una tarjeta bancaria ajena en concurso ideal con el delito de peculado. Por otra parte otorgó un plazo de 4 meses para culminar la investigación y dictó como medida cautelar la inhibición general de bienes de la imputada por el término de 6 meses.