El juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por estafa contra el presidente y otras dos autoridades de la cooperativa 127 hectáreas acusadas por el Ministerio Público Fiscal y un querellante -que representa a cerca de 60 damnificados-, por el delito de estafa.

Según la teoría de los acusadores, la venta de terrenos en la zona de la meseta comenzó en 2021 con la promesa de que en dos años estarían concretados los servicios de luz agua y accesos. Los imputados sabían que los terrenos no estaban a nombre de la cooperativa y que no se encontraban en la ciudad de Neuquén, pero ocultaron esa información.

Los pedidos de los acusadores

Además de la formulación de cargos por el delito de estafas, la fiscalía con adhesión de la querella, solicitó al juez la declaración de causa compleja y un plazo de investigación de 6 meses

Como medida cautelar la querella solicitó el embargo de 3 vehículos de la cooperativa y la inhibición general de bienes además de la prohibición de salida del país de las personas acusadas y de contacto con los damnificados.

La postura de la defensa

La defensa de los acusados manifestó que no hubo intención de defraudar a las personas damnificadas, sino que el municipio de Neuquén no cumplió con un acuerdo que había llevado adelante con la cooperativa. Según su teoría, el incumplimiento del acuerdo coloca a la cooperativa como víctima en este conflicto.

La resolución del juez

El juez Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos según la teoría de la fiscalía e hizo lugar a la declaración de causa compleja -debido a la multiplicidad de hechos y de víctimas- otorgando el plazo de 6 meses para la investigación. También hizo lugar a la prohibición de contacto por parte de los acusados con las víctimas por cualquier medio o a través de terceras personas.

Por otra parte rechazó la inhibición general de bienes y el embargo de los vehículos de la cooperativa por no estar a nombre de las personas imputadas y haber sido adquiridos con anterioridad a los hechos investigados. También rechazó la prohibición de salir del país por no haber acreditado los acusadores el riesgo de fuga.