Ordenan la externación de un joven con parálisis cerebral que tiene alta médica hace más de un año
27 de julio de 2026
Los camaristas consideraron que la medida es urgente, por el riesgo de mantenerlo innecesariamente en un ámbito hospitalario y porque es su voluntad.
Un joven de 25 años con parálisis cerebral y epilepsia deberá ser trasladado desde el Policlínico Neuquén hacia una institución adecuada a sus necesidades. La Cámara de Apelaciones ordenó a su figura de apoyo que la externación se concrete en un plazo máximo de veinte días, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
El joven ingresó al centro médico en diciembre de 2024 y recibió el alta en enero de 2025. Sin embargo, permaneció internado durante más de un año porque su familia no estaba en condiciones de recibirlo y no se había organizado otra alternativa de cuidado. Depende completamente de terceras personas para las actividades de su vida cotidiana.
Al revisar el expediente, los integrantes de la Sala II, Patricia Clerici y Pablo Furlotti, sostuvieron que continuaba hospitalizado “por el abandono en que lo ha colocado su familia”. Los jueces señalaron que sus hermanos varones no lo visitan y que la figura de apoyo tampoco lo asistía económicamente, al punto de que le suspendieron la administración de la pensión.
Los camaristas consideraron urgente la externación del joven, tanto por el riesgo de mantenerlo innecesariamente en un ámbito hospitalario como por su propia voluntad. Aunque no habla, “ha hecho saber -a través de su rudimentaria forma de comunicarse- que quiere regresar a su casa”.
“Permanece internado por motivos puramente sociales”, añadieron. El regreso a la vivienda familiar, sin embargo, no es factible. El inmueble está ocupado por dos hermanos y por personas ajenas a la familia, además “de no reunir las condiciones de higiene adecuadas para la permanencia” del joven.
La Cámara resolvió actuar de oficio porque el joven estaba siendo “retenido contra su voluntad en un centro asistencial, contando con el alta médica”. Como todavía no podía volver a su domicilio, dispuso que fuera trasladado a una institución adecuada a su estado, financiada por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén y, si fuera necesario, con los fondos de su pensión.
Además, ordenó comunicar el caso al Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión del delito de abandono de persona por parte de quien tenía a su cargo el apoyo del joven. La resolución ordenó iniciar los trámites en cinco días y completar el traslado en veinte, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial.