Confirman la resolución de la jueza de ejecución para que se ponga en funcionamiento el pabellón de máxima seguridad de la U11
16 de abril de 2026

El tribunal de revisión integrado por las juezas Carolina García, Bibiana Ojeda y el juez Raúl Aufranc confirmó por mayoría lo resuelto por la jueza de ejecución Raquel Gass en donde se ordena al Ministerio de Seguridad a habilitar el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención Nro. 11 en el término de 30 días hábiles.
La Fiscalía de Estado había solicitado una revisión parcial en cuanto al plazo otorgado para la habilitación del pabellón, considerándolo irrazonable y arbitrario, ya que la demora se debe a una habilitación de Camuzzi, empresa ajena al Poder Ejecutivo y sobre la cual no tiene potestad.
Tanto la fiscalía de ejecución como la defensa oficial y una defensa particular que representa a dos detenidos en la comisaría 7 de Plottier, de donde se originó el habeas corpus, solicitaron confirmar lo resuelto por la jueza Gass.
En una decisión por mayoría con el voto afirmativo de Aufranc y Ojeda, el tribunal confirmó lo resuelto por la jueza de ejecución. Fundamentaron su decisión por considerar que lo resuelto por la jueza responde a plazos razonables, considerando que el edificio fue inaugurado hace más de cuatro meses y que el compromiso del Ejecutivo era ponerlo en funcionamiento en el 2025. Por otra parte es el Estado quien debe garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad y es potestad del Poder Judicial ejercer el control de estos derechos. El Poder ejecutivo cuenta con innumerables herramientas para poder cumplir con el plazo establecido.
El voto en disidencia de la jueza García se motivó por considerar que el plazo de 30 días establecido por la jueza de ejecución no tiene ningún fundamento, lo que se debía haber hecho es convocar a responsables de la empresa de gas con conocimiento técnico como para explicar la demora en la habilitación y los plazos posibles para solucionar el problema.
En base al voto mayoritario, el tribunal resolvió rechazar el pedido de la Fiscalía de Estado y confirmar el plazo de 30 días hábiles para la puesta en funcionamiento del pabellón de máxima seguridad de la U11.